En el sector poniente de la parte alta de Coquimbo, frente al mar, a un costado de la Pampilla, se lleva a cabo hace más de un mes una toma de terreno de aproximadamente trece familias. Tal como nos especifican, no están allí por tener “algo parao” sin ocupar, por el contrario, aquí el techo y el abrigo es una necesidad. Los niñitos más chicos juegan entre las construcciones que van realizando sus madres y ha sido constante la ayuda solidaria de los vecinos más comprometidos, que saben que están allí por una necesidad, por un derecho.
Toda esta situación iba bien, sin embargo han sido los mismos representantes del Estado quienes han estado en contra de esta toma, y han incurrido incluso en más de una orden de desalojo para que las familias se vayan. Las autoridades municipales encabezadas por el mismo alcalde, Oscar Pereira Tapia -quien se supone, está a favor de un estado más social acordes con sus ideas concertacionistas- han enviado oficiales, resguardo policial, uno que otro integrante de civil de la Policía de Investigaciones, para amedrentar a las familias, como también los ha citado en reuniones dividiendo a las familias en dos grupos –cuando caben todas en sus oficinas-, lo que nos parece aun más misterioso, siempre a puerta cerrada y con el fin de que los medios no publiquen demasiado en cuanto a estas demandas.
La situación es sorprendente, los funcionaros del Estado que han sido enviados a hablar con las familias -porque está claro que el alcalde no va a la toma- han sido tajantes en el desalojo, poniendo como “solución” que las familias deben poner sus cosas en el “rancho municipal”, sin embargo las familias no están dispuestas, no quieren que les roben las pocas cosas que han juntado con tanto esfuerzo.
Por otra parte, las autoridades insisten en que la solución es que las familias entren en un subsidio, que paguen y serán reubicadas en otros sectores. Nosotros entendemos que los derechos no se pagan ni se tranzan.
La excusa para sacar a las familias es que ese sector está hipotecado, sin embargo luego de que las familias vieron los mapas de la zona se dieron cuenta que no solo hay luz en el sector, también hay alcantarillado, no es un sector árido, más bien está urbanizado. Entendemos que los sitios se urbanizan con un fin, que alguien habite esa zona.
¿Por qué hay tanto miedo de parte de las autoridades que hace reuniones a puerta cerrada, que envía a cuerpos policiales o que amenaza con el desalojo? ¿Seguimos viviendo en una sociedad que esconde la pobreza para presentarla solo en época de elecciones cuando el voto es necesario?. Me gustaría ver a esas autoridades con las patas metidas en el barro, caminando por los caminos de tierra, con el alcantarillado abierto al lado de su casa y sin ni un peso para costearse una mejor situación. Creo que es un imposible, detrás de la cruz de Coquimbo –y su magnifica inversión- se esconde otra realidad, muy solidaria pero sobre la cual se teje toda una artimaña de abusos.
Es necesario desde ya multiplicar esta información, solidarizar con las familias ocupantes, manifestarse frente a las autoridades y frente a los medios de información que no han hecho visible está noticia. La solidaridad entre nosotros no es solo una palabra.
Toda esta situación iba bien, sin embargo han sido los mismos representantes del Estado quienes han estado en contra de esta toma, y han incurrido incluso en más de una orden de desalojo para que las familias se vayan. Las autoridades municipales encabezadas por el mismo alcalde, Oscar Pereira Tapia -quien se supone, está a favor de un estado más social acordes con sus ideas concertacionistas- han enviado oficiales, resguardo policial, uno que otro integrante de civil de la Policía de Investigaciones, para amedrentar a las familias, como también los ha citado en reuniones dividiendo a las familias en dos grupos –cuando caben todas en sus oficinas-, lo que nos parece aun más misterioso, siempre a puerta cerrada y con el fin de que los medios no publiquen demasiado en cuanto a estas demandas.
La situación es sorprendente, los funcionaros del Estado que han sido enviados a hablar con las familias -porque está claro que el alcalde no va a la toma- han sido tajantes en el desalojo, poniendo como “solución” que las familias deben poner sus cosas en el “rancho municipal”, sin embargo las familias no están dispuestas, no quieren que les roben las pocas cosas que han juntado con tanto esfuerzo.
Por otra parte, las autoridades insisten en que la solución es que las familias entren en un subsidio, que paguen y serán reubicadas en otros sectores. Nosotros entendemos que los derechos no se pagan ni se tranzan.
La excusa para sacar a las familias es que ese sector está hipotecado, sin embargo luego de que las familias vieron los mapas de la zona se dieron cuenta que no solo hay luz en el sector, también hay alcantarillado, no es un sector árido, más bien está urbanizado. Entendemos que los sitios se urbanizan con un fin, que alguien habite esa zona.
¿Por qué hay tanto miedo de parte de las autoridades que hace reuniones a puerta cerrada, que envía a cuerpos policiales o que amenaza con el desalojo? ¿Seguimos viviendo en una sociedad que esconde la pobreza para presentarla solo en época de elecciones cuando el voto es necesario?. Me gustaría ver a esas autoridades con las patas metidas en el barro, caminando por los caminos de tierra, con el alcantarillado abierto al lado de su casa y sin ni un peso para costearse una mejor situación. Creo que es un imposible, detrás de la cruz de Coquimbo –y su magnifica inversión- se esconde otra realidad, muy solidaria pero sobre la cual se teje toda una artimaña de abusos.
Es necesario desde ya multiplicar esta información, solidarizar con las familias ocupantes, manifestarse frente a las autoridades y frente a los medios de información que no han hecho visible está noticia. La solidaridad entre nosotros no es solo una palabra.
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