En los próximos días la Cámara de diputados revisará un polémico proyecto de ley que apunta a hacer responsables a los organizadores de movilizaciones sociales de los desmanes que en estas puedan ocurrir. La medida concita un transversal rechazo en la sociedad civil por el menoscabo al derecho a la libre reunión y expresión.
Un proyecto de ley que persigue hacer responsables a los organizadores de manifestaciones públicas de cualquier daño ocasionado por algún participante será revisado durante esta semana por la Cámara de Diputados.
El texto del polémico proyecto presentado por el Ejecutivo ya fue aprobado por el Senado, la discusión en la Sala de la Cámara que será en los próximos días cumple así su segundo trámite constitucional. Entre las disposiciones que contempla es el castigo con penas de cárcel (541 días a 3 años) y multa de 4 a 8 UTM (entre 130 y 260 mil pesos) a quienes cometan desmanes o delitos con su rostro cubiertos, o sea, encapuchados.
Pero la medida más polémica del proyecto de ley es la que hace responsables a los organizadores y convocantes de toda reunión o manifestación pública de los supuestos daños que los participantes causen. El texto dice que serán responsables quienes “hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse”.
Rodrigo Román, abogado de la Defensoría Popular, sostiene que “esto se enmarca en el contexto de criminalización de la protesta social al que asistimos en el actual modelo. Se califican como conductas delictivas prácticas que no son conductas penales, como es el convocar a una protesta”.
En caso de no haber una convocatoria oficial, “se presumirá que son organizadores y convocantes de una manifestación pública, las personas que comunican a la autoridad administrativa competente la realización de dicha actividad de conformidad a las disposiciones generales de policía”- según reza el proyecto.
Si es que no hay convocantes oficiales a la movilización, se hará responsables a las personas, naturales o jurídicas, que hayan llamado, a través de los medios de comunicación o por cualquier otro medio, a reunirse o manifestarse. También a aquellos que lideren o figuren en la cabeza de la manifestación.
Hugo Gutiérrez, abogado de derechos humanos, considera que dicho proyecto legal “es un atentado abismante al derecho a reunión, el que ya está menoscabado en nuestro país por un decreto supremo dejado por Pinochet”. Se trata del Decreto Supremo 1086 que regula las reuniones públicas, promulgado en septiembre de 1983, que impide la reunión en lugares públicos sin permiso previo y el derecho a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Política en el artículo 19 Nos 12 y 13.
Román acusa que “el gobierno de Bachelet está ocupando al pie de la letra dicho decreto promulgado en dictadura que exige definir a las autoridades quienes van a marchar, cuántos, por dónde, quién va a hablar y qué va a decir. Si dicho decreto es digno de una sociedad orweliana de control, este nuevo proyecto de ley tiende a perfeccionarlo”. Gutiérrez añade que esta legislación “profundiza la inexistencia del derecho a reunión. Si el decreto existente te pide autorización a la autoridad antes de hacer una reunión pública, esto va a ser peor porque si pasa cualquier desmán ¿quién va a pedir autorización? Nadie se va hacer cargo, entonces”.
RECHAZO DE ORGANIZACIONES SOCIALES
La medida es rechazada ampliamente por las organizaciones sociales, las que ven mermado su derecho a reunión y la consideran un atentado a la libre expresión ciudadana.
Sergio Laurenti, director ejecutivo de Aministía Internacional, considera que la nueva legislación “contraviene el ejercicio de la libertad de expresión. Al usar esta legislación la autoridad limita los derechos ciudadanos, los que en Chile ya están menoscabados por diversas formas de control que experimentan los que organizan manifestaciones, como la presencia de personal policial en las cercanías con armas antidisturbios”.
Alejandro Osorio, del Movimiento Unitario de Minorías Sexuales (MUMS), organización que coordinadora la marcha gay que se realiza en septiembre en la Alameda y de la besatón frente a la Plaza de la Constitución, sostiene que si bien “uno siempre tiene que hacerse cargo cuando asume la conducción de las actividades, pero para cualquier organizador no se puede hacerse cargo de todo. Una marcha masiva es muy compleja para los organizadores. Si a las nuestras llegan 20 mil personas”.
Por su parte, Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, considera que la disposición “es una atentado contra la libertad de reunión y expresión. Es una media intimidatoria. Nadie que convoca abierta y públicamente lo hace irresponsablemente para generar desmanes. Esto intimida a las organizaciones”.
Nicolás de Movimental, organización a cargo de la marcha por la despenalización del cannabis, que en las últimas convocatorias ha reunido a más de 10 mil personas, añade que “la autoridad está buscando desincentivar que la ciudadanía salga a la calle a expresarse, porque en lo práctico es imposible como organización hacer que toda la gente que asiste a una manifestación se comporte como queremos. Si de 10 mil personas que llegan uno quema un basurero, hacerte responsable como organizador de aquello es un absurdo”.
Osorio agrega que “una organización social legítima no puede hacerse cargo de actos de lumpen que a veces ocurren. Creo que hacer responsables a los organizadores apunta a frenar cualquier tipo de movilización social. Es una forma de disfrazar la democracia porque en la práctica pone cortapisas al deseo de manifestarse”.
EL CUIDADO ORDEN PÚBLICO
Según reza la justificación del proyecto de ley, su finalidad es fortalecer el papel de las policías en la mantención del orden público. El problema es que para las distintas organizaciones consultadas ya hoy las disposiciones de las autoridades municipales o regionales a la hora de solicitar permisos para realizar alguna manifestación tienden a retrotraer el ánimo de movilización social.
Nicolás recuerda que para la marcha por la despenalización del cannabis de este año, pese a haber solicitado el permiso el año pasado, recién lo recibieron días antes de la jornada acordada. “Si hoy nos ponen trabas ridículas como que nos cambian el recorrido a última hora o te mantienen el permiso en suspenso hasta los días previos a las marchas, no veo porque ahora los organizadores deban pagar por acciones precisas de 3 ó 4 personas que puedan dañar una movilización”.
Cuenca agrega que esto ya viene ocurriendo a través de otras medidas tomadas. “La otra vez en la Quinta Normal organizamos una actividad y tuvimos que poner una boleta de garantía de 2 millones de pesos a la municipalidad. El cerro Santa Lucía, la Quinta Normal o el Parque Forestal se administran como espacios privados”.
También Cuenca considera que de aprobarse la medida se invita a contrarios a cualquier manifestación a echarla a perder. “Las organizaciones sociales no podemos hacernos cargo de infiltrados o quienes les interese que estas cosas terminen mal. Si alguien te quiere perjudicar o estigmatizar será más fácil con esta legislación”- sostuvo el ecologista.
Laurenti comenta que Amnistía pidió ya a al gobierno la derogación del DS Nº 1.086 y el proyecto de ley 4821, que se encuentra en trámite. “Creo que la justicia es para garantizar los derechos ciudadanos, no para restringirlos”- sostiene Laurenti.
Por su parte, Gutiérrez llama a “a la gente a ejercer el derecho a reunirse sin pedir la autorización. Pareciera que ésta es la única forma de hacer frente a estas propuestas de los políticos que en el fondo apuntan a que nadie se movilice”. Osorio, en tanto, propone como medida el que “podríamos pedir que los gobiernos se hagan responsables de lo que prometen cada vez que piden el voto y eso haría que la gente no salga a volcar su rabia a las calles”.
Fuente: El Ciudadano
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